Como se comentó recientemente, el National Whistleblower Center (NWC) cerrará 2025 en un escenario internacional: Doha, Catar, del 14 al 19 de diciembre, en la 11.ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte (CoSP11) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Este es un año crucial, ya que la participación de la sociedad civil en la CoSP11 enfrenta desafíos urgentes y sin precedentes, marcados por una caída global del financiamiento y tendencias restrictivas en el espacio cívico que amenazan el corazón de los esfuerzos anticorrupción a nivel mundial.
En esta edición de Sunday Read, analizamos cómo las declaraciones públicas emitidas en agosto de 2025 por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas reflejan tanto la gravedad de la crisis actual como un impulso de alto nivel para defender y ampliar la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores cívicos en la labor anticorrupción.
El impacto de los recortes de financiamiento de EE. UU. y la reducción del espacio cívico en los foros de la UNCAC
Una consecuencia de la fuerte reducción de la ayuda exterior de Estados Unidos —sobre todo mediante la terminación del financiamiento de la US Agency for International Development (USAID)— es la creación de brechas significativas para las organizaciones anticorrupción de todo el mundo. Los grupos cívicos que antes dependían del apoyo estadounidense para actividades clave como el monitoreo, la promoción, la educación y la protección de denunciantes han tenido que reducir o detener sus operaciones. Expertos y defensores han advertido que esta contracción deja los esfuerzos anticorrupción en situación de vulnerabilidad.
Junto con los desafíos de financiamiento, existe un patrón preocupante de restricciones a nivel internacional a la participación de las ONG y la sociedad civil durante los principales eventos de la UNCAC. En la CoSP10 de 2023, grupos independientes de la sociedad civil fueron excluidos de sesiones clave debido a objeciones de los Estados, lo que generó preocupación mundial por los procedimientos de exclusión arbitrarios y opacos. Estos episodios de exclusión tienen un efecto disuasorio, desalientan las voces críticas y ponen en duda la transparencia de los procesos de la UNCAC. El panorama se agrava por las represalias legales, la vigilancia y la intimidación que enfrentan muchos organismos de control y denunciantes tanto en sus países como en entornos internacionales.
La importancia de la sociedad civil
La sociedad civil desempeña un papel fundamental en los marcos anticorrupción: promueve la transparencia, supervisa el cumplimiento, expone los abusos y da voz a quienes de otro modo no serían escuchados. El artículo 13 de la UNCAC consagra explícitamente la obligación de los Estados de promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. La experiencia mundial demuestra que las reformas contra el soborno y el lavado de dinero funcionan mejor cuando los organismos de control cuentan con recursos, están facultados y están protegidos frente a represalias.
Como afirmaron los expertos de la ONU, el espacio cívico debería ser un requisito legal:
“Nos unimos para instar a todos los Estados parte de la UNCAC a reconocer a la sociedad civil no como un obstáculo, sino como un socio indispensable en la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos. No actuar corre el riesgo de acelerar la erosión del espacio cívico, debilitar los esfuerzos anticorrupción y socavar el disfrute de los derechos humanos a nivel mundial”.
La declaración conjunta de la ONU: un impulso a la reforma
Ante estas barreras, un amplio grupo de expertos de la ONU —relatores especiales y otros titulares de mandatos— publicó una declaración conjunta en agosto de 2025, en la que pidieron reformas urgentes para restaurar y ampliar la participación cívica en los procesos de la UNCAC. Sus recomendaciones incluyen:
- Reformas inmediatas para hacer que el Mecanismo de Examen de la Aplicación (IRM) de la UNCAC sea más inclusivo, transparente y eficaz, como publicar toda la documentación y abrir todas las etapas de los exámenes por país a una participación significativa de las ONG.
- Permitir la condición de observador para las ONG en todos los órganos subsidiarios de la CoSP, facilitar el acceso de los actores cívicos y proteger a los activistas frente a represalias, con el establecimiento de un mecanismo global para monitorear y responder a dichas amenazas.
- Fortalecer los vínculos entre la UNCAC y los marcos de derechos humanos de la ONU, incluida la invitación a los relatores especiales de derechos humanos a participar directamente en las deliberaciones de la UNCAC.
Esta declaración sin precedentes llega en un momento en que los miembros internacionales iniciaron negociaciones informales sobre el futuro del mecanismo de examen de la UNCAC en Viena a principios de este mes.
Estas reformas responden directamente a los reiterados llamados de coaliciones de la sociedad civil, muchas con cientos de adhesiones, a favor de un sistema anticorrupción más abierto y participativo. Lea la declaración completa aquí.
Lo que está en juego en la CoSP11
Como se mencionó anteriormente, el NWC mira hacia la CoSP11 con esperanza y quizás con un optimismo cauteloso. Con las negociaciones sobre la próxima fase del mecanismo de examen de la UNCAC ya en marcha, la CoSP11 es un punto de inflexión crucial. Los delegados y los actores internacionales enfrentan una elección: reforzar los esfuerzos para incluir y proteger las voces de la sociedad civil o arriesgarse a una mayor erosión de la legitimidad y la eficacia de la gobernanza anticorrupción a nivel mundial. Los denunciantes, los líderes cívicos y las ONG deben ser protegidos, financiados y comprometidos de manera significativa si se quiere que las promesas anticorrupción sean creíbles.
La declaración conjunta de la ONU es a la vez una advertencia y una oportunidad: el régimen anticorrupción mundial puede revitalizarse, siempre que los gobiernos atiendan el llamado a la acción, sitúen a la sociedad civil en el centro y creen espacios para sus voces en la CoSP11 y más allá.
“La presencia del NWC en la CoSP11 representa un compromiso de continuar sus esfuerzos anticorrupción incluso ante un menor interés por parte de su propio gobierno federal”, afirmó Stephen M. Kohn, fundador y presidente de la junta directiva del NWC. “Con la aplicación estatal rezagada y el financiamiento reducido, solo marcos anticorrupción sólidos, inclusivos y transparentes pueden cumplir el ambicioso mandato de la UNCAC”.
