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En nuestro seminario web más reciente, moderado por el periodista y autor Josy Joseph, nos acompañaron Stephen Kohn y Kayla Svihovec, dos abogados destacados en el ámbito de la protección de denunciantes.
El debate se centró en el papel crucial de las leyes transnacionales para combatir la corrupción, el potencial sin explotar de las ONG y los periodistas como denunciantes, y la urgente necesidad de contar con estándares de cumplimiento a nivel mundial.
Si se perdió la sesión en vivo, estas son las conclusiones esenciales del debate.
1. El alcance de las leyes de protección de denunciantes de EE. UU. es global
Stephen Kohn destacó que nos encontramos en un punto de inflexión en los esfuerzos anticorrupción. Si bien Estados Unidos ha tomado la delantera con leyes como la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA) y las leyes contra el lavado de dinero (AML), estas leyes son, en la práctica, transnacionales.
Impacto global: durante la última década, los procesos judiciales por soborno y lavado de dinero han afectado a aproximadamente 80 países distintos, y han permitido recaudar 24.000 millones de dólares en sanciones.
Las personas que no son ciudadanas de EE. UU. también califican: un aspecto fundamental es que un denunciante no necesita ser ciudadano estadounidense para presentar una reclamación. La infracción puede ocurrir fuera de EE. UU., y la empresa involucrada ni siquiera tiene que tener su sede en EE. UU.
Casos de éxito: Kohn citó el escándalo de lavado de dinero de Danske Bank —en el que se lavaron 240.000 millones de dólares desde Rusia hacia Occidente— como un ejemplo destacado de un caso abordado por un solo denunciante utilizando estas leyes.
2. Los periodistas y las ONG pueden ser “analistas”
Una parte importante del seminario se dedicó al papel de la sociedad civil. Según estudios de la OCDE, el 40 % de los casos de soborno exitosos se origina en los medios de comunicación o en las ONG.
La disposición del “analista”: bajo la Dodd-Frank Act, los periodistas y las ONG pueden calificar como denunciantes no solo en calidad de “personas con información privilegiada”, sino como “analistas”. Al aportar un análisis original de información pública que conduce a la rendición de cuentas, pueden acceder a las mismas protecciones y compensaciones que las fuentes internas tradicionales.
Financiar el trabajo de investigación: la abogada Kayla Svihovec señaló que este marco puede aportar un impulso económico vital al periodismo de investigación, ayudando a estos medios a financiar la continuidad de su labor en defensa de la democracia.
3. La trampa de la “voluntariedad”: el momento lo es todo
Una de las lecciones prácticas más importantes que compartió Kayla Svihovec tuvo que ver con las reglas específicas para presentar una reclamación.
La regla: para calificar para una recompensa, un denunciante debe actuar de forma “voluntaria”, lo que significa que debe acudir al gobierno antes de que el gobierno acuda a él.
El riesgo para los medios: si un periodista publica un reportaje y un organismo gubernamental (como la SEC o una embajada) lo lee y lo contacta antes de que el periodista haya presentado una denuncia formal (“TIP”), tanto el periodista como sus fuentes podrían quedar descalificados para recibir una recompensa.
La solución: para proteger sus derechos, debe presentar una denuncia formal ya sea inmediatamente antes o inmediatamente después de publicar un reportaje.
4. Los incentivos económicos son reales y éticos
A menudo existe cierta vacilación respecto a la ética de las recompensas económicas por denunciar. Sin embargo, el panel subrayó que estas recompensas se pagan estrictamente con las sanciones recaudadas de los actores corruptos, y no con dinero de los contribuyentes.
Compensación significativa: los denunciantes han obtenido aproximadamente 2.000 millones de dólares en compensación bajo estos programas.
Apoyo pro bono: dado que estos casos se asumen mediante honorarios de contingencia, los denunciantes no tienen que pagar honorarios legales por adelantado. Firmas como la de Kohn a menudo donan una parte de sus honorarios a las ONG y a las organizaciones de derechos humanos que ayudan a llevar los casos adelante.
5. Un llamado a la acción global
El seminario concluyó con una mirada hacia el futuro. Stephen Kohn advirtió que depender únicamente de EE. UU. es arriesgado si los procesos judiciales estadounidenses disminuyen.
Nuevas jurisdicciones: el Reino Unido avanza actualmente hacia la implementación de leyes similares de protección de denunciantes y anticorrupción.
Resolución de la ONU: los ponentes impulsan una resolución en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP 11) en Doha para exigir la adopción de estas tácticas eficaces a nivel mundial. El objetivo es empoderar a las ONG y a los defensores de derechos humanos para que reclamen leyes anticorrupción de cumplimiento obligatorio en sus propios países.
Joseph Orr
Joseph is an author at IWPA and writes about anti-corruption.
