Las herramientas anticorrupción existen. ¿Por qué no las usamos?

En la undécima sesión de la Conferencia de los Estados Parte (CoSP 11) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la directora de programas del National Whistleblower Center, Jeana Lee, transmitió un mensaje claro: estamos en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción transnacional, pero solo si utilizamos las herramientas que ya tenemos a disposición.

Leyes de gran eficacia como la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA) y la Anti-Money Laundering Act (Ley contra el Lavado de Dinero) han producido resultados históricos. Sin embargo, la mayoría de los Estados parte no las han implementado, la mayoría de los defensores de derechos humanos no saben cómo utilizarlas y la mayoría de los denunciantes que podrían estar protegidos desconocen sus derechos.

Lo que está funcionando

Las cifras hablan por sí solas. Desde que se aprobaron en 2010 las primeras leyes anticorrupción transnacionales con sólidas protecciones para denunciantes, como parte de la Dodd-Frank Act, estos programas han permitido recuperar más de 25.000 millones de dólares en sanciones. Se han destinado más de 14.000 millones de dólares a organismos internacionales de aplicación de la ley para reforzar sus labores de enjuiciamiento.

Estas leyes se dirigen contra el soborno de funcionarios de gobiernos extranjeros, el fraude en los mercados internacionales de valores y materias primas, el lavado de dinero, las violaciones de sanciones y el secreto bancario ilegal. Y algo fundamental: protegen a los denunciantes sin importar su nacionalidad, incluso a quienes residen en países que carecen de protecciones nacionales para denunciantes.

“Con base en datos empíricos objetivos recopilados durante los últimos 15 años”, señaló Lee, “estas leyes han demostrado ser eficaces y son las herramientas anticorrupción más efectivas que existen”.

Lo que falta

A pesar de esta trayectoria, existe una brecha considerable entre lo que es posible y lo que ocurre en la práctica. La mayoría de los Estados parte no han implementado estos marcos legales. La mayoría de las actividades corruptas que podrían denunciarse de forma confidencial quedan libres para prosperar. La corrupción sigue estando poco perseguida y sin detectar.

Las consecuencias van mucho más allá de los delitos financieros. “La corrupción seguirá socavando la democracia, facilitando la degradación ambiental y agravando las desigualdades globales”, advirtió Lee.

El camino a seguir

El National Whistleblower Center aboga por la implementación mundial de estas buenas prácticas de eficacia comprobada. El marco se sustenta en dos pilares: protecciones plenas de confidencialidad para quienes denuncian corrupción, y compensación por sus revelaciones.

“Debemos asegurar que los denunciantes puedan aprovechar estas herramientas, enseñándoles cómo reportar la corrupción, el soborno en el extranjero y el lavado de dinero de forma segura y confidencial”, afirmó Lee. “Los denunciantes deben ser informados de su derecho a obtener compensación por su valentía e integridad”. Los marcos legales existen. La evidencia empírica es clara. Lo que hace falta ahora es su adopción mundial, y un compromiso de los líderes anticorrupción de acoger las leyes que ofrecen las mejores protecciones de confidencialidad y la compensación que los denunciantes necesitan para protegerse de las dificultades económicas.