El NWC pide a los Estados replantear su enfoque de la protección de denunciantes

En la undécima sesión de la Conferencia de los Estados Parte (CoSP 11) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la enlace internacional del National Whistleblower Center, Kate Reeves, transmitió un mensaje contundente: el enfoque global de la protección de denunciantes es fundamentalmente insuficiente.

Aunque muchos Estados se han comprometido con la protección de denunciantes y han aprobado nuevas leyes desde 2020, Reeves sostuvo que el debate sigue anclado en un marco retroactivo: uno que solo ayuda a los denunciantes después de que ya han sufrido las consecuencias.

El problema de los marcos actuales

Cuando se habla de “protección de denunciantes” en los foros internacionales, por lo general se hace referencia a la indemnización por daños y a la penalización de las represalias. Estas medidas son importantes, pero exigen que el denunciante sufra primero —perder el empleo, atravesar crisis de salud mental, ser objeto de acoso e intimidación— antes de que exista algún tipo de reparación.

“La señal de éxito al final de ese arduo proceso es, sencillamente, sobrevivir”, dijo Reeves. Los denunciantes salen de batallas legales que duran años “con suerte si han sido compensados por los ingresos perdidos y los honorarios de abogados”.

Mientras tanto, la conducta indebida que denunciaron a menudo queda sin investigar. La empresa no enfrenta ningún juicio, pero el denunciante sí.

Un mejor enfoque: las tres “I”

Reeves describió tres elementos que transforman la denuncia de un conflicto laboral en una estrategia anticorrupción eficaz:

Incentivos (Incentivization): recompensas económicas para los denunciantes cuyas pistas conducen a acciones de cumplimiento exitosas.

Protección de la identidad (Identity Protections): disposiciones sólidas de anonimato que permiten a los denunciantes reportar sin exponerse a represalias.

Investigaciones que conducen al cumplimiento (Investigations): sistemas diseñados para investigar la conducta indebida, no al denunciante.

La prueba de que funciona

Programas estadounidenses como la Dodd-Frank Act y la Anti-Money Laundering Whistleblower Protection Act (Ley de Protección para Denunciantes contra el Lavado de Dinero) demuestran que este enfoque da resultados. Desde que se introdujeron estos programas, las denuncias se han disparado, lo que ha permitido descubrir miles de millones en corrupción transnacional que de otro modo nunca habrían salido a la luz.

El sistema funciona porque invierte la dinámica del riesgo: los denunciantes pueden permanecer anónimos, la investigación se centra en sus alegaciones y no en ellos personalmente, y existe la posibilidad de una recompensa económica. ¿El resultado? Denunciantes de jurisdicciones de todo el mundo han acudido en masa a EE. UU. para reportar la corrupción.

Un llamado al cambio

Para cumplir los mandatos de la UNCAC —incluido el requisito del Artículo 1 de que los Estados promuevan medidas para combatir la corrupción con mayor eficacia, y los Artículos 32 y 33 que exigen protecciones para los denunciantes—, Reeves instó a los Estados parte a movilizar a los denunciantes como una estrategia ofensiva contra la corrupción, y no solo a defenderlos después de que se haya producido el daño.

“Mientras la legislación y las naciones de todo el mundo sigan tratando a los denunciantes como un asunto de conflicto laboral, y no como una estrategia anticorrupción”, concluyó Reeves, “los denunciantes seguirán sufriendo y los Estados seguirán desaprovechando su herramienta anticorrupción más eficaz: las personas con información privilegiada”. El National Whistleblower Center insta a que esta perspectiva sea reconocida formalmente en futuros procedimientos de la CoSP y da la bienvenida a la colaboración con los Estados interesados en impulsar esta causa.