Mejorar los Enjuiciamientos por Soborno en el Extranjero y Lavado de Dinero

Reconociendo que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene una amplia gama de efectos corrosivos sobre las sociedades,

Preocupados por la grave amenaza de la corrupción transnacional que socava las instituciones democráticas, el intercambio económico justo, las protecciones ambientales, los derechos humanos, la equidad y la justicia,

Reafirmando el compromiso de los Estados parte con el Artículo 1 de la Convención de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción de forma más eficiente y eficaz» y «promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional» en la «lucha contra la corrupción»,

Recordando que el Artículo 5 de la Convención compromete a los Estados parte a «formular y aplicar o mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley»,

Reafirmando el mandato del Artículo 13 de que cada Estado parte «adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que esta representa»,

Destacando que los Artículos 14 y 23 comprometen a los Estados parte «a prevenir y detectar todas las formas de lavado de dinero»; y que los Artículos 15, 16 y 21 comprometen a los Estados parte a combatir el soborno en el extranjero, y el papel que desempeñan las leyes eficaces de protección al denunciante en mejorar la detección,¹

Reconociendo que el Artículo 26 exige que cada Estado parte establezca sanciones penales, civiles o administrativas contra quienes participen en las actividades corruptas identificadas en la Convención, y garantice que la responsabilidad sea suficiente para «velar por que se impongan a las personas jurídicas» «sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias»,

Reconociendo que las grandes sanciones civiles han sido sumamente eficaces para responsabilizar a las personas jurídicas, obtener acuerdos para mejorar los programas de cumplimiento, obtener compensación para las víctimas y disuadir el lavado de dinero y el soborno en el extranjero,

Apoyando los Artículos 32 y 33 de la Convención, que comprometen a los Estados parte a considerar la creación de leyes nacionales para proteger a los testigos y a otras personas que reporten inquietudes relacionadas con la Convención (o denunciantes), lo que incluiría el lavado de dinero y el soborno en el extranjero, de buena fe y con motivos razonables ante las autoridades competentes,

Reconociendo que el Artículo 37 de la Convención exige a los Estados parte que adopten «medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de un delito [de corrupción] … a que proporcionen información», Destacando que las claves para detectar delitos ocultos, como el lavado de dinero y el soborno en el extranjero, son las leyes que incentivan el reporte de información original (es decir, información desconocida para los organismos de aplicación de la ley) a los organismos de aplicación de la ley responsables de acuerdo con las mejores prácticas probadas empíricamente,²

Reconociendo el papel del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNCAC de promover la cooperación internacional en la prevención de la lucha contra la corrupción, ayudar a los Estados a identificar necesidades específicas de asistencia técnica y facilitar el intercambio de información y experiencias adquiridas en la implementación de la Convención,

Observando que la implementación de los Artículos enumerados anteriormente dentro de la UNCAC está profundamente vinculada a la implementación de otras convenciones desarrolladas a nivel regional o dentro de otras organizaciones intergubernamentales, incluidas la Convención Antisoborno de la OCDE, el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción y la Convención Árabe contra la Corrupción,

Reconociendo que las auditorías por país de la OCDE sobre la implementación de la Convención Antisoborno concluyen que un marco de incentivos para los denunciantes, combinado con protecciones, proporciona poderosos incentivos para que los denunciantes cualificados reporten actividades corruptas,³

Destacando que la eficacia de los programas de incentivos para denunciantes depende de la garantía de protecciones para los denunciantes, en particular el anonimato y la confidencialidad, y el derecho a indemnización por represalias,

Reconociendo el éxito histórico de las leyes contra el soborno en el extranjero que se basan en recompensar a los denunciantes que detectan actividades corruptas como una técnica especial de investigación esencial y necesaria para hacer cumplir la Convención en la detección y el enjuiciamiento de la corrupción transnacional —incluidos el soborno en el extranjero, el lavado de dinero y la banca extraterritorial ilegal—, que se basó en un programa de denunciantes que exigía el pago de recompensas a las personas que reportaban información original a las fuerzas del orden,⁴

Recordando que las resoluciones 76/185 y 75/311 de la Asamblea General y 8/12 de la Convención reconocen la intersección entre el delito ambiental y la corrupción e instan a los Estados parte a tomar medidas contra el delito ambiental y la corrupción,

Reconociendo que los Estados parte también han adoptado convenciones internacionales diseñadas para combatir la corrupción relacionada con delitos ambientales, el tráfico de fauna silvestre y el cambio climático, en consonancia con los requisitos y objetivos de la Convención,⁵

Reconociendo que las leyes anticorrupción relativas al comercio internacional de materias primas pueden desempeñar un papel esencial en la lucha contra los delitos ambientales y las conductas ilegales que contribuyen al cambio climático;⁶

Reconociendo la necesidad de cooperación internacional entre los Estados parte y los organismos de aplicación de la ley como algo vital para la detección y el enjuiciamiento de las actividades corruptas, según lo dispuesto en los Artículos 37-39, 42, 46, 48-50 y 55-56,

Reconociendo que en los últimos diez años los organismos de aplicación de la ley de más de cincuenta países han asistido en enjuiciamientos exitosos bajo las leyes contra el soborno en el extranjero que se basan en gran medida en proteger y recompensar a los denunciantes que detectan actividades corruptas como una técnica especial de investigación esencial y necesaria para hacer cumplir la Convención, y que dicha cooperación continua es necesaria para combatir la corrupción.⁷