La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es el único instrumento anticorrupción internacional jurídicamente vinculante del mundo, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2003 y en vigor desde 2005.
Proporciona un marco integral para que los países prevengan y combatan la corrupción, un fenómeno mundial que socava la estabilidad y el desarrollo. La Convención exige a los Estados parte que implementen medidas preventivas tanto en el sector público como en el privado, que tipifiquen como delito una amplia gama de actos corruptos (como el soborno y la malversación) y que fortalezcan la aplicación de la ley.
De manera crucial, establece disposiciones sólidas para la cooperación internacional y convierte la recuperación de activos —la devolución de fondos públicos robados al país de origen— en un principio fundamental. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) actúa como guardiana de la Convención.
