A la luz de las cambiantes prioridades de los EE. UU. en torno a la aplicación de las leyes anticorrupción, este documento aboga por un «Plan Marshall Inverso» en el que las democracias liberales tomen la iniciativa en la implementación de un régimen anticorrupción internacional eficaz con el potencial de responder plenamente a cualquier reducción en la aplicación por parte de los Estados Unidos de la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA).
Si bien los Estados Unidos han desempeñado el papel principal en el enjuiciamiento de las violaciones de la FCPA, la comunidad internacional ha desempeñado un papel cada vez mayor en los enjuiciamientos estadounidenses. Los casos de la FCPA son ahora de alcance completamente transnacional, con denunciantes de más de 135 países como informantes clave, y más de 47 organismos de aplicación de la ley no estadounidenses trabajando codo con codo en los casos estadounidenses.
Dada la internacionalización de la aplicación de la FCPA, más del 71 % de todas las sanciones obtenidas en estos casos corresponden a corporaciones con sede fuera de los EE. UU. Las sanciones obtenidas de estas empresas no estadounidenses superaron los 21.000 millones de dólares, todo lo cual puede reinvertirse para beneficiar a las víctimas de la corrupción, sufragar los costos de los enjuiciamientos y llenar el vacío en la financiación de las ONG y los periódicos que cubren temas de corrupción.
Este documento expone seis pasos que las democracias deberían seguir para implementar un «Plan Marshall Inverso». Los pasos se basan en los éxitos de la Convención Antisoborno de la OCDE y en la creciente aceptación internacional de las tácticas de detección y aplicación sumamente eficaces empleadas por los fiscales estadounidenses bajo la FCPA. En conjunto, estos modelos probados proporcionan una base sólida para que las democracias liberales (y otras naciones comprometidas con la anticorrupción) retomen donde los EE. UU. lo dejaron.
