Harry Barko
En un caso emblemático para los derechos de los denunciantes, el ex empleado de Kellogg Brown & Root (KBR) Harry Barko desmanteló una política corporativa de silenciar a los empleados mediante acuerdos de confidencialidad ilegales. Su valentía y persistencia condujeron a una acción de cumplimiento histórica por parte de la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores, SEC) que ha tenido un impacto duradero en la rendición de cuentas y la transparencia corporativas.
El precedente Barko afecta a la aplicabilidad de las leyes de denunciantes de la FCPA, contra el lavado de dinero, y de valores y materias primas.
Barko presentó su denuncia mientras trabajaba en Irak, en pleno apogeo de la invasión estadounidense. Como administrador de contratos de KBR en Irak, informó de fraudes masivos al programa de cumplimiento corporativo. Junto con otros empleados, se vio obligado a firmar acuerdos de confidencialidad que mantendrían las pruebas de estos fraudes fuera del alcance de los reguladores gubernamentales.
Negándose a ser silenciado, Barko presentó una queja ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos alegando que dichos acuerdos violaban las normas de denunciantes de Dodd-Frank (que abarcan numerosos delitos, incluida la FCPA).
En lo que se calificó como un «día histórico para los denunciantes», la SEC anunció su primera acción de cumplimiento contra una empresa por utilizar acuerdos de confidencialidad restrictivos para obstaculizar el proceso de denuncia. La SEC determinó que los acuerdos de KBR podían llegar a disuadir a los empleados de denunciar violaciones.
Andrew J. Ceresney, entonces director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró: «Las normas de la SEC prohíben a los empleadores tomar medidas, mediante acuerdos de confidencialidad, empleo, indemnización u otro tipo, que puedan silenciar a posibles denunciantes antes de que puedan comunicarse con la SEC. Haremos cumplir esta disposición con rigor.»
Aunque KBR no admitió haber cometido ninguna infracción, aceptó pagar una multa de 130.000 dólares y, lo que es crucial, modificar sus acuerdos de confidencialidad para dejar claro que los empleados podían denunciar posibles violaciones ante la SEC y otras autoridades sin temor a represalias.
La resolución de la SEC fue un momento decisivo. Los defensores de los denunciantes la calificaron de «cambio de juego» y de «gran victoria para la rendición de cuentas y la transparencia corporativas». La acción envió una potente «señal de advertencia» a las empresas de todo el país de que ya no podían usar los NDA para ocultar actividades ilegales, incluso cuando el fraude se cometía fuera de los Estados Unidos.
