Integridad

¿Qué es la integridad?

La integridad es la práctica de actuar de forma constante conforme a valores y principios éticos para garantizar la corrección o la calidad, incluso cuando nadie está mirando e incluso cuando hacerlo tiene un costo. Conlleva un sentido de orgullo por el trabajo propio: hacer el trabajo de forma correcta y responsable porque eso es lo que el cargo merece, no porque alguien esté comprobándolo.

En el uso cotidiano, la integridad describe una cualidad personal: honestidad, coherencia y la negativa a abandonar los propios principios para ahorrar tiempo. En el gobierno y los negocios, significa algo más específico y más medible: anteponer el interés público, o los intereses que se ha confiado servir, al beneficio privado.

A menudo se considera a los denunciantes «personas íntegras», por su compromiso con tales valores. Si su decisión de dar un paso al frente con información se publicara mañana en el periódico, todos coincidirían en que hicieron lo correcto según lo que sabían en su momento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proporciona la definición de trabajo utilizada por los organismos anticorrupción de todo el mundo. Su Recomendación de 2017 sobre Integridad Pública define la integridad pública como «la alineación constante y la adhesión a los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público».

En cierto sentido, la integridad puede verse como lo opuesto de la corrupción.

La corrupción se define comúnmente como el abuso del poder confiado para el beneficio privado. La integridad, en cambio, es el uso fiel del poder confiado para el propósito para el que fue otorgado. Por eso las instituciones anticorrupción tratan la integridad como una herramienta práctica más que como una virtud personal. La aplicación de la ley castiga la corrupción después de los hechos; las personas íntegras y los sistemas de integridad se construyen para impedir que ocurra en primer lugar.

Puntos clave

• La integridad significa actuar de forma constante conforme a valores éticos y anteponer las responsabilidades confiadas —y el interés público— al interés o beneficio privado.
• La Recomendación de 2017 de la OCDE sobre Integridad Pública define la integridad pública como la alineación constante y la adhesión a los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público.
• La integridad es una obligación legal, no solo un ideal. El Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exige a los 190 Estados parte que promuevan la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos para combatir la corrupción.
• En la práctica, la integridad se construye mediante mecanismos concretos: códigos de conducta, normas sobre conflictos de intereses, declaraciones de bienes, contratación por méritos y contratación pública transparente.
• Cuando los sistemas fallan, los denunciantes suelen ser el único control que queda. La UNCAC obliga a los Estados a facilitar la denuncia de la corrupción (Artículo 8.4) y a proteger a las personas que la denuncian (Artículo 33).

Qué significa la integridad en distintos contextos

La palabra tiene varios significados según las circunstancias:

• Integridad personal: la coherencia de una persona entre los valores declarados y la conducta real. Una persona íntegra actuará conforme a las cualidades y principios que dice defender.
• Integridad pública: la alineación de funcionarios e instituciones con el interés público, y el objeto del derecho internacional anticorrupción.
• Integridad corporativa o empresarial: la adhesión de una empresa a las normas legales y éticas en la forma en que compite, informa y trata a las partes interesadas.
• Integridad de los datos: la exactitud e integridad de la información —especialmente en bases de datos almacenadas— y su protección frente a alteraciones no autorizadas.
• Integridad estructural: un término de ingeniería para la capacidad de una estructura de soportar la carga para la que fue prevista.

Esta definición trata principalmente de los tres primeros ejemplos, y en particular de la integridad pública: el sentido en que el término aparece en los tratados anticorrupción, las normas de ética gubernamental y los programas de cumplimiento corporativo.

Integridad vs. ética vs. transparencia vs. rendición de cuentas

Estos cuatro términos están estrechamente relacionados y suelen usarse juntos, pero no son intercambiables:

• La integridad es actuar de forma coherente con los valores que uno está obligado a defender.
• La ética es el sistema más amplio de principios morales que define cuáles son esos valores.
• La transparencia es la visibilidad de las decisiones y la información para los demás.
• La rendición de cuentas es responder por las decisiones y afrontar las consecuencias de la mala conducta.

Los marcos anticorrupción los tratan como complementarios y no como opuestos. La integridad sin rendición de cuentas es voluntaria. La rendición de cuentas sin transparencia es inaplicable.

Por qué la integridad importa en la lucha contra la corrupción

La aplicación de la ley por sí sola nunca ha sido suficiente para controlar la corrupción. Las investigaciones son costosas, lentas y dependen de pruebas que los actores corruptos se esfuerzan por destruir. Por cada esquema enjuiciado, otros pasan desapercibidos. Y debido a esta brecha en la aplicación, la corrupción continúa. Sin embargo, las personas íntegras y los sistemas de integridad pueden evitar el número de esquemas que se inician en primer lugar.

El derecho internacional refleja este hecho.

El Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción —el único tratado anticorrupción mundial jurídicamente vinculante— exige a cada Estado parte que promueva la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos para combatir la corrupción. Exige códigos o normas de conducta para el correcto desempeño de las funciones públicas, medidas que faciliten a los funcionarios denunciar la corrupción ante las autoridades, y sistemas para que los funcionarios declaren sus intereses externos, bienes y obsequios.

La OCDE se basa en la misma lógica. Su Manual de Integridad Pública establece trece principios organizados en torno a tres pilares: construir un sistema de integridad coherente, cultivar una cultura de integridad y posibilitar una rendición de cuentas efectiva. La premisa es que las reglas por sí solas no producen integridad. Una institución que tiene un código de conducta pero tolera las violaciones por parte de figuras de alto nivel tiene un documento, no una cultura, lo que hace prevalecer la forma sobre la sustancia.

La OCDE señala que la contratación pública representa aproximadamente el 13 % del PIB en los países de la OCDE y cerca de un tercio del gasto público, y sigue siendo muy vulnerable a la corrupción. Los controles de integridad en la contratación —competencia abierta, criterios objetivos de adjudicación, decisiones documentadas— no son adornos burocráticos. Son lo que se interpone entre los presupuestos públicos y la captura privada. [ENLACE PENDIENTE: /definition/procurement/]

Cómo se ve la integridad en la práctica

A menudo se habla de la integridad como un valor. Se implementa como un conjunto de mecanismos:

Códigos de conducta: normas escritas que definen lo que se espera y lo que no se tolerará, respaldadas por sanciones. La UNCAC exige a los Estados que los apliquen a los funcionarios públicos, y la UNODC mantiene una recopilación de códigos nacionales adoptados en virtud de esta obligación.

Normas sobre conflictos de intereses: requisitos de que los funcionarios revelen las decisiones en las que tienen un interés personal, y se aparten de ellas. Por ejemplo, acciones en una empresa licitadora, un familiar empleado por ella, o una oferta de trabajo en negociación.

Declaraciones de bienes e intereses: funcionarios públicos que revelan públicamente lo que poseen y ganan, de modo que cualquier riqueza inexplicable se vuelva visible y cuestionable.

Contratación y ascensos por méritos: selección basada en las cualificaciones y no en la conexión familiar o política. Este es el punto en el que los sistemas de integridad y el nepotismo se encuentran directamente: una institución que cubre puestos por relación ya ha perdido el principio de mérito del que depende la integridad.

Contratación pública transparente: contratos anunciados abiertamente para que cualquier empresa cualificada pueda licitar, reglas de adjudicación publicadas por anticipado y un registro documentado de por qué se eligió al ganador, para que la decisión pueda comprobarse posteriormente.

Canales de denuncia protegidos: vías internas para que el personal plantee inquietudes sin temor a represalias y, cuando estas fallan, vías externas.

Cada mecanismo aborda una forma específica en que la integridad se quiebra. Juntos forman lo que la OCDE denomina un sistema de integridad pública: un marco coherente que define, apoya, controla y hace cumplir la integridad, en lugar de una dispersión de reglas individuales.

Cómo falla la integridad

Los sistemas de integridad fallan siguiendo patrones reconocibles.

Existe solo en el papel — la forma sobre la sustancia: un código de conducta en el que nadie recibe formación, y que nunca se aplica contra el personal de alto nivel, ofrece la apariencia de integridad sin la sustancia.

Eludido por sus creadores: en las acciones de cumplimiento de la FCPA sobre los «princelings» (hijos de la nobleza), bancos mundiales mantenían políticas de contratación competitivas y basadas en el mérito mientras contrataban por separado a familiares no cualificados de funcionarios extranjeros para ganar negocios.

Socavado desde arriba: cuando el liderazgo trata las reglas como opcionales, el personal concluye —correctamente— que las reglas no son reales. Por eso la OCDE coloca el compromiso de alto nivel al frente de su marco de integridad.

Sin consecuencias: las normas sin sanciones son meramente orientativas. Las disposiciones de la UNCAC sobre códigos de conducta contemplan medidas disciplinarias por las violaciones precisamente porque las normas no aplicadas no cambian el comportamiento.

En cada patrón, el fallo es visible desde dentro mucho antes de que sea visible desde fuera. Esa es la razón estructural por la que los denunciantes importan.

La integridad y la denuncia

Los denunciantes son el mecanismo de último recurso en cualquier sistema de integridad.

Cuando los controles internos han fallado o han sido eludidos, cuando las personas responsables de la aplicación están ellas mismas implicadas, o cuando plantear una inquietud internamente no ha producido nada, la persona que denuncia externamente es lo que permite que la mala conducta se corrija. Los marcos internacionales lo reconocen, pero solo débilmente.

El Artículo 33 de la UNCAC pide a los Estados parte que consideren adoptar protecciones para las personas que denuncian la corrupción de buena fe, y el Artículo 8.4 les pide que faciliten la denuncia por parte de los funcionarios públicos. Las normas de integridad de la OCDE son recomendaciones. Ninguna crea un derecho que un denunciante individual pueda invocar, y la implementación nacional varía de sólida a inexistente, razón por la cual las protecciones difieren tan marcadamente de un país a otro, y por la cual un código de conducta que promete una política de puertas abiertas a menudo vale muy poco en la práctica.

Los programas que han cambiado el comportamiento son los que pagan y protegen por ley y no por aspiración.

Bajo la U.S. Foreign Corrupt Practices Act, aplicada por la SEC, una empresa que soborna a funcionarios extranjeros enfrenta sanciones de cientos de millones, y la persona con información privilegiada que lo denuncia tiene derecho a una parte de lo recaudado.

El Programa de Denunciantes de la SEC acepta información de cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de quien informa, permite la presentación anónima a través de un abogado estadounidense y paga entre el 10 % y el 30 % de las sanciones cuando la información conduce a una acción de cumplimiento exitosa superior a 1 millón de dólares. Esas recompensas no son un gesto discrecional de buena voluntad; son exigidas por ley cuando se cumplen los criterios.

Para las personas que trabajan fuera de los Estados Unidos, esta vía suele pasarse por alto. Cuando los valores de una empresa están cubiertos por la ley estadounidense, una mala conducta como el soborno de funcionarios extranjeros, el fraude contable o la falsificación de libros y registros puede reportarse a la SEC incluso si la conducta ocurrió enteramente en el extranjero y las autoridades locales no han mostrado interés en ella.

La SEC no es la única vía. El Programa de Denunciantes de la CFTC cubre el fraude y la manipulación en los mercados de materias primas y derivados —incluida la corrupción en el extranjero que afecta a esos mercados— en términos similares: recompensas del 10 % al 30 %, abierto a ciudadanos no estadounidenses, denuncia anónima a través de un abogado. FinCEN gestiona el lavado de dinero y las violaciones de sanciones bajo la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario, BSA). Qué programa encaja depende del tipo de mala conducta y de la entidad involucrada, lo cual es una razón más para obtener asesoramiento antes de elegir dónde presentar la denuncia.

Si está sopesando si denunciar algo que ha presenciado, los pasos prácticos son los mismos dondequiera que esté: documente lo que observó, preserve las pruebas de forma lícita y hable con un abogado de denunciantes con experiencia antes de denunciar. Una consulta puede aclarar qué canal encaja con su situación y qué protecciones se aplican antes de que dé un paso que no pueda deshacerse.

Comience leyendo nuestra guía Denuncia Internacional 101 y luego contacte al equipo de IWA para una consulta gratuita y confidencial si cree que tiene información que puede conducir a una acción de cumplimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la integridad pública?

La integridad pública es la alineación constante de funcionarios e instituciones con los valores éticos compartidos y el interés público, por encima de los intereses privados. La definición proviene de la Recomendación de 2017 de la OCDE sobre Integridad Pública y es la norma utilizada por los organismos anticorrupción a nivel internacional.

¿Cuál es la diferencia entre integridad y ética?

La ética es el sistema de principios que define cuál es el curso de acción correcto. La integridad es si una persona o institución lo sigue, de forma constante e incluso cuando resulta inconveniente. La ética establece la norma; la integridad es la adhesión a ella.

¿Es la integridad un requisito legal?

En el sector público, en gran medida sí. El Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exige a sus 190 Estados parte que promuevan la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos, y que apliquen códigos de conducta para las funciones públicas. La forma en que esas obligaciones se plasman en el derecho nacional, y la seriedad con que se aplican, varía considerablemente entre países.

¿Por qué es importante la integridad en el gobierno?

Porque los funcionarios públicos toman decisiones con dinero y autoridad que no son suyos.

Los sistemas de integridad —códigos de conducta, declaraciones de bienes, normas sobre conflictos de intereses, contratación pública abierta— son lo que mantiene esas decisiones alineadas con el interés público y no con el beneficio privado.

Cuando se quiebran, el resultado es la corrupción.

¿Qué ocurre cuando fallan los sistemas de integridad de una organización?

Por lo general, la mala conducta continúa hasta que alguien la denuncia. Los controles internos solo funcionan si las personas sujetas a ellos los respetan, y los casos de los «princelings» de la FCPA mostraron que las políticas formales de contratación pueden ser eludidas por el personal de alto nivel indefinidamente. Suele ser la denuncia externa por parte de una persona con información privilegiada lo que pone fin a la conducta.

En resumen

La integridad no es un eslogan para carteles de oficina. En el derecho anticorrupción tiene una definición de trabajo, una obligación convencional que la respalda y un conjunto de mecanismos concretos —códigos de conducta, declaraciones, normas sobre conflictos de intereses, contratación pública abierta, denuncia protegida— que determinan si una institución realmente la posee.

Esos mecanismos fallan con regularidad, y suelen fallar en silencio. Cuando lo hacen, las personas dentro de la institución son las primeras y a menudo las únicas en saberlo. Si ha presenciado una conducta que sugiere un fallo de integridad relacionado con soborno, fraude o el abuso del cargo público, es posible que tenga a su disposición protecciones legales y opciones de denuncia, incluidas algunas que traspasan fronteras.

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